Hasta ahora en mi “blog” le he dedicado mucha atención a lo que es el Gobierno Estatal (o Central) de Puerto Rico. Creo que debo dedicarle un poco de atención a lo que son los Municipios. En la “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, (Ley 81-1991), Revisión 01 febrero 2019, claramente se establece la meta de delegar aún más responsabilidad en los municipios que en el pasado. La palabra “autónomo” de por sí significa independiente, autosuficiente.
Pues si partimos de la premisa que los municipios deben ser autónomos, entonces el desempeño de estos tiene un mayor impacto sobre la población de lo que quizás tenía antes.
La Ley 81-1991 habla de la autonomía jurídica, económica, y administrativa. Pero… ¿qué tipo de autonomía económica puede tener un municipio que recibe el 98 por ciento de ingresos de un subsidio estatal? Este es el caso de unos 40 municipios, según un artículo reciente. Esto, a diferencia de un municipio (llamado “condado”) típico en Estados Unidos, donde los ingresos de estos provenientes de los gobiernos estatales y el federal promedian alrededor de un 35 por ciento. Si en realidad los municipios se suponen sean “autónomos”, no deben depender exclusivamente de fondos estatales y federales.
Por eso concuerdo con el artículo mencionado y muchas opiniones más al respecto en cuanto a la necesidad de reducir el número de municipios en Puerto Rico. Pero esto no puede ser a lo loco. Reducir o combinar municipios se tendría que hacer sin adversamente impactar al ciudadano. Las alcaldías con sus legislaturas y demás andamiaje se reducirían, pero habría que mantener o quizás hasta aumentar aquellas oficinas de servicio que son claves para el ciudadano. Colecturías, oficinas de CESCO, CRIM, CFSE, facilidades de CDT, y otras no deberían sufrir reducciones. El ahorro en cerrar alcaldías se podría utilizar para poner más oficinas de Colecturía. En fin, eso le conviene al gobierno.
Pero aparte de reducir el número de municipios, ¿Qué otras medidas pudiéramos tomar para optimizar el desempeño de estos? Para empezar, yo promovería el desarrollo y buen uso del recién formado Centro de Investigación y Política Publica (CIPP), y su plataforma ABRE Puerto Rico para continuar midiendo el desempeño fiscal de cada municipio. En vez de tomar esto a lo negativo y defensivo, lo pudiéramos utilizar para que municipios efectivos y eficientes pudieran dar ejemplos a otros municipios.
Otra medida que tomaría sería la de enmendar la “Ley de Municipios Autónomos” en cuanto a los requisitos y los términos máximos para los alcaldes y legisladores. El requisito de “saber leer y escribir” es anticuado y obsoleto. Un alcalde o legislador que se le pida trabajar y evaluar presupuestos debe tener por lo menos un grado de escuela superior como poco. En cuanto al número máximo de términos, con dos (2) es suficiente. Lo que un alcalde no haga en ocho años, no la va a hacer nunca.
Depender menos económicamente de un gobierno central… usando los ahorros de reducir alcaldías para ampliar o aumentar oficinas de servicio… promoviendo la medición y monitoreo del desempeño fiscal de los municipios… compartir esta información para mejorar y no asumir posiciones defensivas… subir los requisitos para alcaldes y legisladores… y reducir el máximo número de términos que pueden estar… estas son algunas de las medidas que entiendo ayudarían a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos puertorriqueños.
Faltan políticos que se enrollen las mangas y se pongan a trabajar.